Bajas laborales no remuneradas

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Al final ha ocurrido tal y como se esperaba. Después de que periódicos como el ABC sacaran noticias de esta índole, allanando el campo de la opinión pública, la ley salió. Y queda así.

Duración de la baja laboral del funcionario:

0-3 días: no cobra absolutamente nada.

4-10 días: cobra el 60%.

11-20 días: cobra el 75%.

A partir del día 21: cobra el 100%.

Curioso, económicamente te conviene mucho más ponerte gravemente enfermo que tener una gripe. ¡Cuanto menos enfermo estés peor! Yo, por ejemplo, estoy por debajo de la media de bajas nacional incluso de la privada (no creo recordar haber estado de baja más de diez días al año en los que llevo trabajando), pero, el año pasado falté un día completo debido a una gastroenteritis. Estuve enfermo unos cuantos días pero sólo falté uno. Pues bien, según esta legislación, me hubieran quitado un día de sueldo. Así de justa y de maravillosa es esta medida del gobierno.

¿Por qué esta medida es un injusto recorte de derechos laborales en toda regla?

1. Es absolutamente injusto pagar justos por pecadores. No todas las administraciones públicas tienen el mismo número de bajas. No es lo mismo ser bombero, policía, docente o administrativo. Y dentro de ser administrativo hay múltiples niveles e instituciones que nada tienen que ver los unos con los otros. Del mismo modo que no es lo mismo ser funcionario de carrera que personal eventual (nombrado “a dedo”). En todo trabajo existe siempre una minoría de sinvergüenzas cuyas bajas podrán ser fraudulentas… ¿por que no se les ataca a ellos en vez de a todo un inmenso y variopinto colectivo?

2. ¿Para qué existe la inspección laboral y médica? Tenemos un cuerpo de inspectores cuya función es la de comprobar que las bajas no son fraudulentas… ¿qué hacen? Y si su labor es ineficaz, ¿no habría que revisarla antes de firmar una ley tan injusta?

3. Que en la función pública existan más bajas que en la privada no debe llevarnos a pensar que la mayor parte de las bajas de la pública son fraudulentas pues el número de bajas de la privada no puede ser un baremo fiable en torno a lo que debería ser. En la privada hay constantes amenazas y extorsiones para no darse de baja, distando mucho de ser un régimen ideal. Lo que debería ocurrir es lo contrario: las bajas de la privada deberían tender a igualarse con las de la pública una vez que éstas últimas se hayan fiscalizado eficazmente.

4. Esta ley es poner un impuesto a la enfermedad. Las personas más dadas a ponerse enfermas no sólo tendrán que sufrir su mala salud, sino que a esa desgracia se le unirá cobrar menos.

Esto es un recorte más, una pérdida más de derechos laborales, hecho de nuevo de un modo injusto sin que paguen realmente los que tienen que pagar, con una finalidad recaudatoria y populista de gran bajeza política. Estamos perdiendo gradualmente una gran cantidad de derechos que, luego, será muy difícil recuperar. Asunto muy, muy grave.

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  1. Además del evidente problema de salud pública: cuando suframos una gripe, iremos a trabajar y contagiaremos a los niños. Hay una tenue frontera entre la maldad y la estupidez, pero hace muchísimo que la cruzamos…

  2. No sé cómo será entre los docentes, pero entre el personal administrativo te aseguro que las proporciones son las inversas: los que no nos escaqueamos somos una minoría, sino la excepción a la regla 😦

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